El Ministerio Público abre diligencias penales tras la denuncia de la familia de la joven, porque la dirección podría haber cometido delitos de prevaricación y coacciones
El padre de la niña, Brahim Isslal, posa con su hija de espaldas.Patricia
I.E./C.M. / Burgos
La Fiscalía de Burgos va a abrir diligencias para investigar si la actuación de la dirección del instituto Félix Rodríguez de la Fuente al apartar de clase a una niña musulmana por llevar velo tiene consecuencias penales. La intervención del Ministerio Público se había limitado a una acción civil ejercida por la Fiscalía de Menores, que solicitó al centro un informe sobre la expulsión de clase de la joven, que cursa primero de la ESO.
Ahora, el caso toma otro rumbo, porque la Fiscalía Provincial toma cartas en el asunto y va a investigar si el centro ha podido incurrir en posibles delitos de prevaricación y coacciones, tal como se deduce de la denuncia que la familia presentó el pasado 17 de octubre, según explicó el fiscal jefe de Burgos, Santiago Mena.
Al margen de esta medida, la Fiscalía de Menores ha solicitado a la Dirección Provincial la respuesta al recurso que presentó la familia cuando el centro le informó de que no podría acudir a las aulas con velo y las medidas de corrección impuestas a la joven mientras dura este proceso.
Hasta el 30 de septiembre no acudió al centro, pero, cuando la familia fue advertida de que pondría el caso en conocimiento Comisión de Absentismo de la Dirección Provincial de Educación, empezó a ir. Pero no se le permitió entrar en clase y fue enviada a la biblioteca. Los profesores le mandan trabajos, le marcan el ritmo lectivo, pero no está con sus compañeros.
El letrado que defiende los derechos de la niña, Iván Jiménez Aibar, sostiene que el instituto «no ha respetado el procedimiento administrativo preceptivo» para expulsar a una niña de las aulas. La familia acusa al instituto de no dar audiencia a la menor y a sus padres hasta el día 6, cinco días después de que se apartara a la joven de la actividad docente en las clases. En su opinión lo ha hecho de forma «deliberada y consciente». Denuncian ante la Fiscalía de Menores que la dirección le ha presionado para que solicite el traslado voluntario de centro.
En opinión del letrado, apartar a la niña de las clases sin respetar el cauce administrativo establecido puede constituir «un delito de prevaricación». Y las presiones que ha recibido la familia para que pida la escolarización en otro instituto pueden ser calificadas de «coacciones».
El padre de la niña, Brahim Isslal, aseguró a este periódico que es su hija la que «se ha empeñado» en llevar la prenda. «Yo no puedo hacer nada; le he aconsejado que se la quite cuando esté en clase y se la ponga al salir al patio, pero tampoco quiere», afirma.
Según el abogado los estatutos del centro, que prohíben la entrada a las aulas de alumnos con atuendos que les cubra la cabeza, «no habría que modificarlos sino someterlos a una interpretación estricta». La normativa sobre la expedición del DNI establece que cualquier persona puede llevar velo mientras los rasgos reconocibles del rostro sean visibles.
Ahora, el caso toma otro rumbo, porque la Fiscalía Provincial toma cartas en el asunto y va a investigar si el centro ha podido incurrir en posibles delitos de prevaricación y coacciones, tal como se deduce de la denuncia que la familia presentó el pasado 17 de octubre, según explicó el fiscal jefe de Burgos, Santiago Mena.
Al margen de esta medida, la Fiscalía de Menores ha solicitado a la Dirección Provincial la respuesta al recurso que presentó la familia cuando el centro le informó de que no podría acudir a las aulas con velo y las medidas de corrección impuestas a la joven mientras dura este proceso.
Hasta el 30 de septiembre no acudió al centro, pero, cuando la familia fue advertida de que pondría el caso en conocimiento Comisión de Absentismo de la Dirección Provincial de Educación, empezó a ir. Pero no se le permitió entrar en clase y fue enviada a la biblioteca. Los profesores le mandan trabajos, le marcan el ritmo lectivo, pero no está con sus compañeros.
El letrado que defiende los derechos de la niña, Iván Jiménez Aibar, sostiene que el instituto «no ha respetado el procedimiento administrativo preceptivo» para expulsar a una niña de las aulas. La familia acusa al instituto de no dar audiencia a la menor y a sus padres hasta el día 6, cinco días después de que se apartara a la joven de la actividad docente en las clases. En su opinión lo ha hecho de forma «deliberada y consciente». Denuncian ante la Fiscalía de Menores que la dirección le ha presionado para que solicite el traslado voluntario de centro.
En opinión del letrado, apartar a la niña de las clases sin respetar el cauce administrativo establecido puede constituir «un delito de prevaricación». Y las presiones que ha recibido la familia para que pida la escolarización en otro instituto pueden ser calificadas de «coacciones».
El padre de la niña, Brahim Isslal, aseguró a este periódico que es su hija la que «se ha empeñado» en llevar la prenda. «Yo no puedo hacer nada; le he aconsejado que se la quite cuando esté en clase y se la ponga al salir al patio, pero tampoco quiere», afirma.
Según el abogado los estatutos del centro, que prohíben la entrada a las aulas de alumnos con atuendos que les cubra la cabeza, «no habría que modificarlos sino someterlos a una interpretación estricta». La normativa sobre la expedición del DNI establece que cualquier persona puede llevar velo mientras los rasgos reconocibles del rostro sean visibles.
